Riesgos de prescindir de firma electrónica y validación facial en procesos críticos en Ecuador

La suplantación de identidad se ha convertido en una amenaza silenciosa pero creciente en Ecuador, especialmente para empresas de telecomunicaciones y retail que manejan procesos críticos. Esto incluye débitos bancarios, créditos y contratación de servicios. No implementar mecanismos robustos de firma electrónica ni validación facial expone a las organizaciones y a sus clientes a fraudes costosos y daños reputacionales.

A continuación, analizamos la magnitud del problema – con énfasis en Ecuador – y por qué la autenticación digital fuerte es esencial para mitigarlo.

Suplantación de identidad en Ecuador: un problema en aumento

En Ecuador, los casos de suplantación de identidad van en ascenso. Cada mes, más de 450 personas resultan víctimas de este delito en el país. De hecho, 5.879 personas denunciaron ser víctimas en 2022, y solo en el primer trimestre de 2023 ya se registraban 1.559 denuncias ante la Fiscalía. Este tipo de fraude se ha posicionado como uno de los tres ciberdelitos más comunes a nivel nacional, junto con las estafas en línea y las transferencias bancarias ilícitas. En palabras de un jefe de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional, “la mayoría de estos delitos tienen como objetivo algún tipo de fraude”, utilizando nombres, números de identificación, cuentas bancarias, tarjetas de crédito e incluso datos de seguridad social o telefónicos de las víctimas.

Los delincuentes aprovechan datos personales robados o filtrados para hacerse pasar por usuarios legítimos. Por ejemplo, con una copia de la cédula (documento de identidad) pueden comprar líneas de celular, contratar planes telefónicos o acceder a créditos bancarios sin autorización del verdadero titular. En muchos casos, las víctimas sólo descubren la suplantación cuando enfrentan graves perjuicios económicos o legales a su nombre – como deudas impagas, reportes en burós de crédito o incluso implicaciones en actividades delictivas realizadas por terceros. Esto no solo afecta las finanzas y la tranquilidad de los usuarios, sino que también pone en jaque la reputación e intereses de las empresas involucradas, que terminan lidiando con reclamos, pérdida de confianza y posibles sanciones.

Impacto en empresas de telecomunicaciones y retail: fraudes y pérdidas económicas

Los sectores de telecomunicaciones y retail han sido especialmente golpeados por la suplantación de identidad. Las operadoras móviles, por ejemplo, enfrentan el fenómeno de las “ventas fantasmas” o contrataciones fraudulentas de líneas y equipos a nombre de terceros.

La situación no es exclusiva de Ecuador. En países vecinos se observa una tendencia similar: en Chile y Perú, las empresas de telecomunicaciones han visto multiplicarse los fraudes donde delincuentes adquieren líneas y dispositivos de alta gama con identidades falsas, causando graves pérdidas económicas y reputacionales a las compañías. Un informe señaló que en Chile el fraude bancario por suplantación y otros medios aumentó 140% en 2023, y las pérdidas netas por fraudes externos alcanzaron US$221 millones a octubre de 2024 – afectando tanto a bancos como a comercios minoristas.

En el sector retail y financiero, los casos también abundan. Un ejemplo local ilustrativo: un ingeniero ecuatoriano de 28 años fue víctima de suplantación en 2021.

Un estafador utilizó una cédula falsificada con sus datos (pero con la foto del impostor) para comprar electrodomésticos y otros bienes en múltiples establecimientos por aproximadamente $22.000. Además, obtuvo un préstamo de $12.000 en una cooperativa financiera, todo a nombre del afectado.

El joven se enteró del fraude solo cuando los acreedores lo contactaron por las deudas; aunque finalmente pudo demostrar que fue suplantado y anular esas obligaciones, el proceso legal fue largo y engorroso, y parte de los perjuicios persistieron por un tiempo.

Para las empresas involucradas (tiendas y la entidad financiera), este tipo de engaño implica pérdidas directas significativas, ya que los bienes y el dinero entregados fraudulentamente difícilmente son recuperados en su totalidad.

Además, se incurre en gastos operativos y legales para investigar y resolver el caso, sin contar el impacto en la confianza de otros clientes al conocerse públicamente estos incidentes.

Arcotel y el control en telecomunicaciones: cifras y medidas ante el fraude

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador ha reconocido la gravedad de estos fraudes en el ámbito de las comunicaciones. Aunque no ha publicado aún cifras exactas de pérdidas monetarias por suplantación de identidad en telecomunicaciones, sí ha emitido alertas sobre las consecuencias. En un boletín informativo, la agencia advirtió que esta práctica irregular se utiliza para fraudes bancarios, estafas a comercios, robos de datos y otros ilícitos, aumentando en los últimos años al calor de las redes de telecomunicaciones e internet. Según el centro EcuCERT de Arcotel, la suplantación de identidad puede provocar pérdidas económicas, afectar la credibilidad de personas y empresas, y manchar reputaciones. En otras palabras, Arcotel reconoce que no controlar debidamente la identidad en los servicios telecom trae costos tanto para los usuarios (que ven comprometidos sus datos y solvencia) como para las compañías (que enfrentan fraudes, multas y desprestigio).

Es pertinente señalar que Arcotel, junto con otras instituciones, también ha enfatizado la importancia de proteger datos biométricos de los usuarios. Recientemente alertó sobre riesgos en el manejo de información sensible (huellas dactilares, reconocimiento facial, voz, etc.), ya que su exposición podría ser aprovechada para robo de identidad y fraude si no se custodia con altos estándares de seguridad. Esto subraya la necesidad de implementar herramientas confiables de validación facial u otras biometrías con las debidas precauciones, para que sean un escudo y no una nueva vulnerabilidad.

Pérdidas por fraude a nivel global y regional: un panorama alarmante

La problemática de la suplantación de identidad trasciende las fronteras de Ecuador. Globalmente y en Latinoamérica, las cifras de pérdidas por fraudes debido a autenticaciones débiles son alarmantes:

  • Estados Unidos: Solo en 2023, los fraudes de identidad tradicionales provocaron pérdidas cercanas a $23.000 millones de dólares, afectando a unos 15 millones de personas. Esto representó un incremento del 13% respecto al año anterior, evidenciando que el problema sigue en auge. (En un sentido más amplio, si se incluyen estafas de phishing y engaños similares, estudios recientes estiman incluso montos mayores, superando los $40.000 millones en pérdidas totales en EE.UU. por delitos de identidad y estafas combinados).
  • Latinoamérica: Un estudio de LexisNexis Risk Solutions reveló que en la región el fraude va en aumento para la mayoría de organizaciones. Un 60% de empresas latinoamericanas reportó mayores niveles de fraude en los últimos 12 meses, y se estima que más de la mitad (51%) de las pérdidas por fraude en la región provienen ya de canales digitales (operaciones en línea, aplicaciones móviles, etc.). La acelerada digitalización, si bien beneficiosa para negocios y consumidores, ha abierto nuevas brechas que los delincuentes están explotando.
  • México (caso regional): En 2024 las pérdidas por fraudes financieros en México rondaron los 14.500 millones de pesos (aprox. USD 800 millones), según datos de la comisión reguladora CONDUSEF. Se atribuye cerca del 40% de esos fraudes a la falsificación o suplantación de identidades y al robo de datos bancarios. Especialmente relevante para nuestro tema, el sector de telecomunicaciones mexicano reportó más de 4.000 millones de pesos (unos USD 220 millones) perdidos en fraudes durante 2024, principalmente por contrataciones con identidades falsas. Es decir, operadoras telefónicas que no validaron suficientemente la identidad de nuevos clientes terminaron habilitando líneas/equipos fraudulentos en perjuicio propio y de terceros.
  • Otros mercados: Países como Chile, Perú y Colombia también registran incrementos notables en fraudes por falta de autenticación robusta. En Perú, por ejemplo, se contabilizaron 42.000 denuncias por delitos informáticos en 2024 (40% más que el año previo), de los cuales la suplantación de identidad representó el 22% – usada para vaciar cuentas, pedir créditos, estafar a contactos de la víctima e incluso para trámites ilegales en notarías. Estas cifras regionales confirman que el riesgo no es aislado: es sistémico en toda la economía digital.

En conjunto, los datos globales y latinoamericanos refuerzan la urgencia de tomar medidas. Las pérdidas millonarias no solo afectan a las víctimas directas, sino también a las empresas (que deben reembolsar fraudes, invertir en ciberseguridad, pagar multas regulatorias y enfrentar publicidad negativa). La ausencia de métodos de autenticación robustos – como la verificación biométrica o las firmas digitales seguras – aparece como un factor común detrás de muchos de estos fraudes. Cada brecha en la identificación de usuarios legítimos es una puerta abierta que los delincuentes aprovechan, y las consecuencias económicas suman montos astronómicos año a año.

Casos reales de grandes empresas afectadas por no autenticar digitalmente

En el ámbito financiero y comercial, también abundan ejemplos. Varias entidades bancarias internacionales han sufrido fraudes de apertura de cuentas y concesión de créditos a identidades falsas o robadas, debido a controles laxos en sus canales digitales. Por ejemplo, en Chile se detectaron casos donde delincuentes presentaron documentos falsificados para abrir cuentas bancarias y luego ejecutar estafas o lavado de dinero, aprovechando que no se usaban herramientas sólidas de identificación en línea. Estos incidentes motivaron a la banca chilena a acelerar la adopción de biometría facial y dactilar en el onboarding de clientes, tras ver las pérdidas y multas que implicaron los fraudes (recordemos los US$ 221 millones perdidos en la banca chilena por fraudes externos hasta oct. 2024).

En el sector retail, grandes cadenas y tiendas por departamento a nivel regional han sido víctimas de compras fraudulentas a crédito por impostores. Uno de los modus operandi comunes es utilizar identidades sintéticas (combinación de datos reales y falsos) o documentos robados para solicitar tarjetas de crédito de tienda o financiar productos costosos, sin intención de pago. Un caso resonante en Ecuador involucró a varios locales comerciales defraudados por un mismo suplantador, como vimos, por un total de $34.000 en bienes y préstamos logrados con una identificación adulterada. Internacionalmente, hubo incidentes similares donde redes criminales se aprovechan de políticas débiles de verificación: por ejemplo, en Estados Unidos, la cadena minorista Best Buy y otras enfrentaron años atrás esquemas de fraude con compras financiadas a nombre de clientes suplantados, lo que les obligó a endurecer sus procesos de aprobación de crédito y requerir verificaciones adicionales cuando se detectan señales de alerta.

También las telefónicas globales han lidiado con el problema del SIM swapping (clonación de tarjeta SIM) y transferencias de números por impersonación. Aunque no siempre trascienden con nombres, se sabe que gigantes como T-Mobile, AT&T o Claro en distintos países han tenido que indemnizar a usuarios cuyas cuentas bancarias fueron vaciadas luego de que empleados o terceros malintencionados saltarán pasos de verificación y emitieran un duplicado de SIM a impostores. Estos casos han evidenciado que con solo preguntas de seguridad básicas o documentos fáciles de falsificar no basta; algunas empresas comenzaron a implementar PINs especiales, reconocimiento facial en sucursal o firmas electrónicas para autorizar portabilidades, buscando frenar este tipo de fraude.

En resumen, ninguna gran empresa está exenta: bancos, telcos, comercios electrónicos, cooperativas… Todas han visto incidentes cuando no contaban con medidas de autenticación robustas. Los casos reales muestran pérdidas financieras enormes, clientes perjudicados, demandas judiciales y un daño de confianza que toma mucho tiempo revertir. La lección es clara: invertir en seguridad de identidad es mucho más barato que afrontar las consecuencias de no hacerlo.

Firma electrónica y verificación facial: el escudo necesario contra la suplantación

Implementar firma electrónica y validación facial en procesos críticos es una de las formas más efectivas de contrarrestar estos riesgos. Estos mecanismos aportan capas de seguridad adicionales que dificultan enormemente la vida a los suplantadores de identidad. Veamos por qué son esenciales:

  • Autenticidad garantizada: Una firma electrónica con certificados digitales vinculados a la identidad del firmante asegura que la persona que aprueba una transacción o documento es realmente quien dice ser. A diferencia de una firma manuscrita escaneada (fácilmente falsificable) o de un simple clic en “aceptar”, la firma electrónica avanzada incorpora cifrado y sellos de tiempo que vinculan criptográficamente al firmante. Esto no sólo valida la identidad, sino que garantiza la integridad del documento, impidiendo modificaciones posteriores. Al integrar verificación de identidad en el flujo de firma, cada rúbrica digital es auténtica, reduciendo drásticamente el riesgo de fraude o suplantación en contratos y autorizaciones.
  • Verificación biométrica: identidad a prueba de impostores: La validación facial (así como otras biometrías, p.ej. huella dactilar) añade un factor de seguridad basado en características únicas de la persona. Por ejemplo, al requerir que un usuario se tome una foto “selfie” en tiempo real para compararla con la foto de su cédula o pasaporte, se verifica con alta certeza que “el rostro coincide con la identidad presentada” y que hay una persona viva realizando la acción (evitando fotos impresas o máscaras). Esta prueba de vida y coincidencia facial hace mucho más difícil que un delincuente use documentos ajenos, porque necesitaría “tener la cara” de la víctima o burlar algoritmos avanzados de detección. En Chile y Perú se ha comprobado que la biometría es un “escudo protector” eficaz: está reduciendo significativamente los casos de robo de identidad en banca y otros sectores, al asegurar que solo individuos autorizados acceden a cuentas o completan transacciones. A nivel técnico, la biometría facial bien implementada, como lo es BTrust de Gruppo Avanti, es muy difícil de falsificar, dado que analiza rasgos faciales con profundidad, movimientos o incluso respuestas del usuario para confirmar que es legítimo.
  • Prevención proactiva en tiempo real: Tanto la firma electrónica como la validación facial permiten detectar intentos de fraude antes de que se concreten. Un sistema robusto de verificación de identidad puede lanzar alertas o bloquear una operación si algo no cuadra (por ejemplo, si el rostro no coincide con el dueño del documento, o si la firma digital no es válida o ha sido revocada). De este modo, se evita que la transacción fraudulenta se ejecute, protegiendo a la empresa y al cliente en el acto. Esta capacidad de detectar en tiempo real un posible impostor es clave en procesos como el débito bancario: imaginemos una solicitud de débito automático para pagar un servicio. Si quien la solicita no pasa la autenticación facial o no puede estampar una firma electrónica válida, el proceso simplemente no se completa. Es un filtro que detiene al estafador justo en la puerta de entrada.
  • Reducción drástica del fraude y sus costos: Diversos estudios confirman el impacto positivo. Según análisis de la firma Truora, la adopción de procesos de validación de identidad digital reduce en más del 90% el riesgo de fraude en los negocios, independientemente de la industria. Esto significa proteger ingresos, evitar pérdidas millonarias y también ahorrar en gastos operativos asociados a remediar fraudes (investigaciones, juicios, compensaciones, etc.). Adicionalmente, Javelin Strategy & Research ha encontrado que la combinación de autenticación robusta y monitorización oportuna puede frenar el crecimiento exponencial de los delitos de identidad que estaban experimentando – recordemos que en EE.UU., pese a que aumentó la digitalización, las modalidades tradicionales de fraude de identidad disminuyeron $5 mil millones en 2022 en parte gracias a mejores controles, aunque las estafas más sofisticadas siguen en aumento. En síntesis, la inversión en autenticación fuerte se traduce en un retorno tangible al reducir las pérdidas potenciales.
  • Cumplimiento legal y confianza del cliente: No menos importante, la firma electrónica y la biometría ayudan a cumplir con normativas de protección de datos y prevención de fraudes. En Ecuador, por ejemplo, la Ley de Comercio Electrónico y firmas digitales da validez jurídica a los documentos firmados digitalmente, siempre que se use una infraestructura aprobada. Implementar estas herramientas coloca a la empresa un paso adelante en materia de cumplimiento regulatorio (evitando sanciones por negligencia en seguridad). A la vez, proyecta ante clientes y socios una imagen de empresa confiable y moderna, preocupada por la seguridad. Muchos consumidores hoy valoran que se les proteja contra suplantaciones – incluso están dispuestos a realizar un paso extra de verificación si eso significa que su información y sus fondos estarán a salvo. A largo plazo, brindar una experiencia segura fortalece la lealtad de los clientes y la reputación de la marca, diferenciándola de competidores más rezagados en seguridad.

En conclusión, la firma electrónica y la validación facial operan como un doble candado: la firma asegura “qué” se aprueba (vinculando indisolublemente al firmante con la acción realizada), y la biometría asegura “quién” lo aprueba (verificando la identidad del sujeto en vivo). Juntas, dificultan enormemente la suplantación de identidad, pues un atacante no solo tendría que robar credenciales o documentos, sino también impostar características físicas o claves criptográficas únicas, algo que escapa al delincuente oportunista común.

Conclusiones: proteger identidad es proteger el negocio

Los peligros de no implementar una autenticación digital robusta – mediante firma electrónica y verificación facial u otras biometrías – son demasiado grandes como para ignorarlos. En Ecuador, hemos visto cómo la suplantación de identidad ya afecta a miles de ciudadanos y compromete a empresas de telecomunicaciones, financieras y retail, generando pérdidas económicas considerables y un clima de desconfianza. Autoridades como Arcotel y la Fiscalía han encendido las alarmas y empiezan a exigir soluciones concretas, pero corresponde a cada organización dar el paso proactivo.

Los indicadores locales (ej. miles de casos al año, tercer ciberdelito más común) y las cifras internacionales (decenas de miles de millones de dólares perdidos por fraude de identidad) apuntan a la misma dirección: reforzar la autenticación no es opcional, es imprescindible. Cada proceso crítico sin seguridad – sea un débito automático, la venta de un smartphone a crédito, o el acceso a una cuenta sensible – es un eslabón débil que tarde o temprano puede ser explotado por los estafadores.

Implementar firma electrónica y validación facial aporta beneficios inmediatos en mitigación de riesgos, y a la vez posiciona a las empresas ecuatorianas a la par de estándares internacionales de seguridad. No se trata solo de prevenir pérdidas monetarias, sino de proteger la identidad y la confianza que son la base de toda relación comercial en la era digital. En un mundo donde la transformación digital acelera y los criminales evolucionan sus tácticas, adoptar herramientas de autenticación robusta es la mejor inversión para blindar el negocio contra la suplantación de identidad y asegurar un crecimiento sostenible y seguro.

En definitiva: la identidad de nuestros clientes y usuarios es un activo invaluable. Cuidarla mediante la firma electrónica y la biometría no solo evita fraudes y suplantaciones, sino que envía un mensaje claro de compromiso con la seguridad. En el sector telecomunicaciones y retail, donde la confidencialidad, el dinero y la reputación están en juego a cada instante, esta protección adicional puede marcar la diferencia entre ser víctima de la próxima historia de fraude o ser un caso de éxito en prevención. Como reza el adagio, más vale prevenir que lamentar – y hoy prevenir significa autenticar antes de confiar.

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Fuentes consultadas: Cifras de Fiscalía y Policía Nacional en medios locales teleamazonas.com, primicias.ec; casos documentados en prensa ecuatoriana (Confirmado, Expreso, Teleamazonas) confirmado.netexpreso.ecteleamazonas.com; reportes regionales (Arcotel, Condusef, CMF Chile, etc.) revistademanabi.cominversorlatam.comsovos.com; y estudios globales sobre fraude de identidad (Javelin, LexisNexis, Truora)aarp.orgrisk.lexisnexis.comblog.truora.com, entre otros.

Escrito por
Cristina Granda
Directora de Negocios

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